Que tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendría derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.
2. Antes del inicio de la ejecución de la condena, en caso de que la persona condenada no estuviera cumpliendo ninguna otra, el Juez o Tribunal sentenciador, una vez que la sentencia sea firme, podrá transmitir la resolución a la autoridad competente del Estado de ejecución directamente o a través del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
1. El Juez Central de lo Penal denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, además de en los supuestos previstos en los artworkículos 32 y 33, en los siguientes casos:
Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecución y de la persona condenada no obligarán a la autoridad judicial española competente a la transmisión de la resolución.
La segunda decisión marco adoptada en este ámbito, fue la Decisión Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que permite que la autoridad judicial del Estado de origen adopte una resolución acordando la realización de un embargo provisional en otro Estado miembro, de aquellos bienes que bien vayan a ser objeto de un ulterior comiso, o bien vayan a ser utilizados como prueba en juicio.
En caso de que se decida otorgar preferencia a la orden europea de detención y entrega, se notificará a la autoridad judicial española al objeto de que se continúe con el procedimiento en el trámite en el que se suspendió.
4. Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabrá recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisión y de su valoración posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisión.
two. La orden de protección puede emitirse tanto en relación con medidas impuestas cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas privativas de derechos, siempre que consistan en:
45. Pide a la Comisión que elabore una política coherente en materia de reconocimiento mutuo que tenga en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y el nivel genuine de armonización del Derecho y have a peek at this web-site los procesos penales en los Estados miembros, así como los derechos fundamentales reconocidos por la Carta;
2. Este precepto no será de aplicación a las resoluciones que soliciten la realización de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigación ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisión provisional.
De adoptarse por la autoridad de ejecución una medida privativa de libertad del condenado, el tiempo que transcurra privado de libertad se abonará en la correspondiente liquidación de condena.
I. Considerando que el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales debería servir para reforzar la confianza mutua, ya que su objetivo es indicar los ámbitos en que se precisan mejoras en lo referido al Estado de Derecho; que la aplicación inadecuada e incoherente de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea por determinados Estados miembros no contribuye al fortalecimiento de esa confianza mutua; que un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales podría contribuir a la consecución de una aplicación coherente en los casos de denegación de la ejecución por violación de los derechos fundamentales y, por lo tanto, podría mejorar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros;
El Tribunal de Apelación debe validar o rechazar la ODE en un plazo de forty eight horas desde orden de detencion europea y entrega - asistencia legal la recepción del informe de arresto. Exploraremos las circunstancias en las que se valida o se rechaza el arresto y cómo esto afecta a tu situación.
39. Pide a la Comisión que presente, entre otras iniciativas, una evaluación del cumplimiento del principio ne bis in idem; un método de comprobación de la proporcionalidad en la emisión de órdenes de detención europeas basado en todos weblink los factores y circunstancias pertinentes, como la gravedad del delito, si el caso está listo para la celebración del juicio, las repercusiones en los derechos de la persona buscada, las implicaciones económicas y la disponibilidad de medidas alternativas adecuadas y menos intrusivas; un procedimiento de consulta estándar que permita a las autoridades competentes del Estado miembro emisor y de ejecución intercambiar información sobre la ejecución de orden de detención europea, en individual en lo relativo a la proporcionalidad, la posibilidad de celebrar juicio y los conflictos de jurisdicción; y un estudio de las posibles medidas legislativas que se puedan adoptar al amparo del artículo eighty two, apartado 1, del TFUE;